El aparente incumplimiento de España con la UE en materia de aguas

Como he venido manifestando en varias oportunidades y me permito recordar hoy aquí, la Directiva Marco establece que “el agua no es un bien comercial como los otros, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

No obstante, la realidad es, nos guste o no, que, por ejemplo, hay una serie de humedales en España (Doñana, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel, la Albufera, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, etc.) que están en una situación realmente crítica. Quiere ello decir que requieren, con la máxima prontitud y teniendo muy en cuenta a la propia Directiva Marco, una actuación adecuada que, en mi opinión, no es posible con la actual política hidrológica. Y no se minusvalore aquí, diga lo que diga el Sr. Trump, que el cambio climático es un hecho y que la situación no tiende a una “mejora natural”, por lo que la urgencia de actuaciones adecuadas se acelera.

En este contexto, analizando con detenimiento lo acontecido en los últimos tiempos en lo que atañe a los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea en materia de planificación hidrológica, que es un tema absolutamente fundamental, tanto para la agricultura como para la ganadería, creo que es erróneo afirmar, en contra de lo que asegura nuestro Gobierno, que los mismos se están cumpliendo o que se han cumplido.

Una primera consideración al respecto: una serie de organizaciones, que aseguran representar los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel del Estado y de cuenca, a los que se han sumado colectivos y plataformas ciudadanas, han presentado un gran número de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y, además, han denunciado a nuestro país ante las instituciones europeas, porque consideran que se han cometido reiteradas vulneraciones de las directivas comunitarias en lo que se refiere a la materia de aguas.

Las mismas abogan públicamente por una gestión del agua en España muy diferente a la que, según ellas, se está llevando a cabo; demandan una gestión basada, entre otras cuestiones, en una consideración real de los efectos del cambio climático, en un uso sostenible y en la conservación de los ecosistemas acuáticos de nuestro país (lo que parece, a priori, absolutamente lógico y razonable, técnicamente hablando).

Una segunda consideración: el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado el presente año un informe en el que se ponían en evidencia las dudas y preocupaciones que genera nuestra planificación hidrológica, especialmente en lo que atañe a las cuencas del Ebro y del Tajo. Es más, en el mencionado informe se solicita, si lo he entendido bien, que la Comisión rechace el segundo ciclo de planes hidrológicos de cuenca que ha presentado nuestro Gobierno (y no es ésta una cuestión baladí).

Y una tercera consideración: por otra parte, como creo es bien conocido, la Comisión Europea tiene en curso una investigación, en el ámbito que aquí nos ocupa, por dos razones fundamentales; la primera por posibles deficiencias, que habrían sido detectadas en los programas o planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU – Pilot 6134/2014/ENV); la segunda, porque se están analizando los efectos que puedan haberse generado a raíz de las supuestas modificaciones realizadas de las reglas básicas del Trasvase Tajo – Segura en el contexto de los espacios de la Red Natura 2000 de la Cuenca del Tajo (EU- Pilot 6134/2014/ENV).

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, no me parece que el tan publicitado “pacto nacional del agua”, tal y como está concebido, sea la solución que requiere un problema hoy tan delicado y mañana aún más delicado. En mi opinión, se hace absolutamente necesaria una profunda reconsideración integral y técnica de nuestra política hidrológica a corto, medio y largo plazo (y no me parece que, con un Gobierno de España débil como el que tenemos, nuestro “modelo autonómico” vaya ayudar a que esta reconsideración tenga realmente lugar).