El Senado del Uruguay sancionó la ley promovida por el presidente José Mujica que establece un impuesto a los campos de más de 2.000 hectáreas. "La gran propiedad tiene responsabilidad social", dijo Mujica recientemente. Se llama Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
El impuesto fue aprobado en el Senado con los 16 votos del oficialismo, mientras que la oposición rechazó la iniciativa con 11 votos, tras cinco horas de debate. La norma había recibido media sanción en la Cámara Baja en noviembre.
El tributo fija una tasa progresiva en función de la cantidad de hectáreas por contribuyente y su eficiencia en base a un índice que mide la capacidad productiva en carne y lana.
Desde U$S 7,75 a 15,65
Los propietarios de campos que tengan una extensión de entre 2.000 y 5.000 hectáreas con una productividad determinada por la ley, o el equivalente en hectáreas según ese índice, tributarán 7,75 dólares por hectárea.
Quienes posean tierras de entre 5.000 y 10.000 hectáreas o el equivalente según la productividad pagarán unos 11,60 dólares, mientras que aquéllos que sean dueños de más de 10.000 hectáreas deberán abonar unos 15,65 dólares.
Conforme a estimaciones del gobierno uruguayo, el nuevo impuesto alcanzará a menos de 1500 de los más de 50.000 productores del país y permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales que serán destinados obras rurales en los departamentos del interior del país.
"No es un impuesto al sector agropecuario sino al 2 por ciento de sus establecimientos que explotan más de un tercio de su superficie. No es por tanto un impuesto a la propiedad en sí misma, sino a su concentración", dijo en la sesión parlamentaria el senador del oficialismo Héctor Tajam.
Valuación fiscal y precio de mercado
En los fundamentos del proyecto se señala que "la valorización de la tierra en Uruguay no se ha reflejado fiscalmente" y que, además, ha provocado una distorsión que se ha traducido en el desplazamiento de pequeños productores.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural y otras entidades se manifestaron en contra del tributo por considerar que se cambian las reglas de juego que -sostienen- el presidente Mujica había prometido.
También lo censuraron los legisladores de la oposición manifestando una posición coincidente con la del compañero de fórmula de Mujica, el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Juzgó que el impuesto conseguirá un efecto contrario al buscado y que conspira contra el clima de negocios e inversiones. Sin embargo, luego de una negociación con el presidente terminó acompañando el proyecto por "lealtad partidaria e institucional".
Comunicado Oficial
Desde el sitio ofial de la presidencia de la Nacion se emitia el siguiente comunicado oficial:
"El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales grava a los predios que superan las 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100. La iniciativa se sustenta en la valorización que ha tenido a tierra en los últimos años y contribuirá a mejorar la infraestructura rural. El impuesto cuenta con una segunda parte que modifica el gravamen a la compra-venta de inmuebles que generará fondos para el Instituto Nacional de Colonización (INC).
Los gravámenes previstos en el texto son de 67 Unidades Indexadas (UI) por hectárea (US$ 8 dólares) a los predios de entre 2.000 y 5000 hectáreas, de 100 UI por hectárea (US$ 12) a los predios entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y 135 UI (US$ 16) por hectárea a los extensiones mayores de 10.000 hectáreas.
Este tributo también contempla las equivalencias entre cantidad de hectáreas e índice Coneat, por lo que las tierras de 1.000 hectáreas-Coneat 200, equivalen a aquellas de 2.000 hectáreas-Coneat 100 y a las de 4.000 hectáreas-Coneat 50. "Es una equivalencia porque no es lo mismo la calidad y posibilidad de producción de cada suelo", afirmó Frugoni.
Se estima que se recaudarán por este mecanismo unos US$ 60 millones, que se destinará a reparar la caminería rural y las vías de acceso a establecimientos industriales y comerciales, informó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, tras el Consejo de Ministros el 22 de agosto, en la Residencia de Suárez.
Agregó que el impuesto tendrá destino departamental a través de la Comisión Sectorial de Descentralización, y que desde Presidencia se busca fortalecer este mecanismo tributario con la creación de un fideicomiso para hacer obras de mayor impacto, pero aún no está definido.
El director de OPP añadió que la segunda parte del proyecto modifica los tributos a la compra-venta de inmuebles rurales. Estimó que por este mecanismo se recaudarán unos US$ 20 millones adicionales, los cuales se destinarían a financiar proyectos del Instituto Nacional de Colonización.
Consultado sobre las repercusiones que tendrá el proyecto en el Parlamento, el Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, señaló que al contar con la firma de todo el Gabinete Ministerial, se estima que el estudio a nivel parlamentario también contará con el apoyo de la fuerza política".