Ya sé que, sobre este tema, realmente complejo, se han publicado varios escritos en el boletín digital de ÁGORA TOP GAN, pero no puedo superar la tentación de volver sobre esta cuestión.
Y no puedo porque, como he podido comprobar en los coloquios posteriores a mis dos últimas charlas, existe una creciente preocupación por este tema, que se está adueñando al margen de la asociación CRM Animales vivos, de los ganaderos en general y muy especialmente de los vinculados al ganado ovino, muy dependientes de este tipo de transporte (téngase en cuenta que en el año 2023 el nivel de autoabasteciendo de ovino – caprino de aptitud carne superó el 160 por 100 y se exportaron del orden de 1,5 millones de animales vivos y de ellos, casi el 60 por 100 fueron a Países Terceros).
Las nuevas normas de bienestar animal y no voy entrar hoy en analizar la adecuación zootécnica de las mismas, implican en primer lugar, como es bien sabido, una reducción significativa de la densidad animal que va acompañada de la exigencia de unas alturas mínimas en función de la especie.
Todo ello implica, sí o sí, unos notables costes de adecuación de muchos de los vehículos que conforman actualmente nuestra flota a lo que debe unirse, por ejemplo, una importante limitación de la duración en tiempo de los viajes y la imposición de la jornada nocturna, en función de las temperaturas, altas o bajas.
Luego, si se quiere mantener el nivel del trafico de animales vivos en España habrá que incrementar nuestro actual parque móvil, probablemente en más de un 50 por 100. Ello implica, necesariamente, unas importantes inversiones iniciales y también un más que notable incremento del volumen salarial de las empresas de transporte y, paralelamente, la más que probable renuncia de un número significativo de conductores profesionales ante la complejidad horaria de su jornada laboral (y es que se va a ver negativamente afectado el horario de la misma), cuando el sector del transporte por carretera se enfrenta, desde hace tiempo, con una escasez de mano de obra cualificada.
Todo lo expuesto hasta aquí significa, para un Estado miembro de la Unión Europea (U.E. – 27) geográficamente extenso, como es el caso de España, al margen del inevitable incremento del coste del kilómetro por tonelada transportada (en el caso del ovino – caprino este incremento puede estar alrededor de un 12 – 15 por 100, pero, en el caso del porcino de cebo, puede superar el 25 por 100), la generación de unos complejos e importantes problemas logísticos, sobre todo, en amplias zonas de la España rural.
Y no se puede minusvalorar aquí el hecho de la importancia económica y social de nuestra ganadería (sobre todo en el ámbito rural), con una producción anual final de unos 36.000 millones de euros y con una industria cárnica que genera una cifra de negocio anual cercana a los 32.000 millones de euros, lo que supone, aproximadamente, el 2,5 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), implicando alrededor de 3.550 empresas.
Y, al final, todo lo expuesto generará, ineludible, a corto plazo, en primer lugar, un incremento de los productos cárnicos que afectará directamente a la economía de los hogares de nuestro país.
Éstos, además, tendrán que afrontar, en los próximos meses, un importante incremento impositivo, empezando por el que concierne al tabaco (alcanzando, en algunos ítems los 15 euros por unidad, como es el caso de la picadura para pipa) o a la retirada de las basuras.
Todo ello cuando, en euros corrientes, el crecimiento en nuestro país ha sido en el año 2023, del 2,7 por 100 (con una inflación media superior al 3,5 por 100), frente al 6,2 por 100 del año 2022 y del 6,7 por 100 en el año 2021.
No creo sea necesario añadir mucho más.